LITERATURA

*Por José Luis Guzmán García, Asesor-Técnico en Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales y formador en PRL de Intersindical Canaria.

La salud de la clase trabajadora no se negocia, no se subordina a los beneficios empresariales y no puede quedar relegada a un mero trámite administrativo. Desde Intersindical Canaria entendemos que la prevención de riesgos laborales es un derecho fundamental de las personas trabajadoras y una responsabilidad que debe asumirse con rigor, participación y compromiso. En ese escenario, la formación de los delegados y delegadas de prevención no es una cuestión secundaria: constituye una herramienta esencial para defender la salud, combatir la precariedad y fortalecer la acción sindical en los centros de trabajo.

Desde mi experiencia como asesor técnico en salud laboral y prevención de riesgos laborales, y como formador de delegados y delegadas de prevención, he podido comprobar la importancia de que la representación de las personas trabajadoras disponga de conocimientos, recursos y capacidad de análisis para afrontar los problemas reales que afectan a su salud. Porque una cosa es reconocer formalmente los derechos preventivos y otra, muy distinta, contar con las herramientas necesarias para exigir que se cumplan.

La prevención no puede quedarse en el papel

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece un marco de derechos y obligaciones que debería garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables. Su artículo 37.2 es claro al señalar que la empresa debe proporcionar a los delegados y delegadas de prevención los medios y la formación necesarios para ejercer sus funciones. También establece que esa formación debe adaptarse a la evolución de los riesgos, actualizarse cuando resulte necesario y no suponer ningún coste para quienes desempeñan esta labor. El tiempo dedicado a formarse debe considerarse tiempo de trabajo a todos los efectos.

Sin embargo, desde una perspectiva sindical, no basta con que la ley reconozca derechos: es imprescindible que estos se materialicen en los centros de trabajo. La formación no puede convertirse en un trámite burocrático, en un curso aislado que se realiza para cumplir el expediente o en una actividad desvinculada de los problemas cotidianos de la plantilla.

Necesitamos una formación útil, rigurosa, continua y adaptada a cada sector. Una formación que permita a los representantes de las personas trabajadoras identificar los riesgos, interpretar evaluaciones, cuestionar medidas insuficientes, formular propuestas y exigir responsabilidades cuando se incumplen las obligaciones preventivas.

Porque la prevención empieza mucho antes de que se produzca un accidente. Empieza cuando alguien es capaz de reconocer una situación peligrosa, documentarla, comunicarla y exigir que se corrija antes de que provoque un daño.

Delegados y delegadas de prevención: la primera línea de defensa colectiva

Los delegados y delegadas de prevención son una pieza fundamental de la participación de las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud. Están en contacto directo con la plantilla, conocen las condiciones reales en las que se desarrolla la actividad laboral y pueden detectar problemas que, en ocasiones, pasan inadvertidos en los documentos elaborados desde los despachos.

Pero esa proximidad, por sí sola, no es suficiente. La experiencia cotidiana debe complementarse con conocimientos técnicos, jurídicos y prácticos que permitan transformar las observaciones en actuaciones preventivas eficaces.

¿Cómo puede una delegada o un delegado cuestionar una evaluación de riesgos si no dispone de conocimientos para comprenderla? ¿Cómo puede exigir medidas correctoras si desconoce los procedimientos y las obligaciones legales aplicables? ¿Cómo puede intervenir en un comité de seguridad y salud si la documentación técnica resulta inaccesible o si no cuenta con herramientas para contrastar las explicaciones empresariales?

Estas preguntas evidencian una realidad: sin formación suficiente, la participación corre el riesgo de convertirse en una formalidad; con formación, puede transformarse en una verdadera herramienta de defensa colectiva.

No se trata de convertir a los delegados y delegadas en técnicos superiores de prevención ni de sustituir el trabajo de los servicios especializados. Se trata de que puedan ejercer sus competencias con autonomía, comprender la información que reciben, formular preguntas pertinentes, fundamentar sus reivindicaciones y defender con solvencia los intereses de la plantilla.

Desde Intersindical Canaria debemos reivindicar una representación preventiva formada, activa y respaldada por asesoramiento técnico y sindical. Una representación capaz de actuar con independencia y de situar la salud de las personas trabajadoras en el centro de cualquier decisión que afecte a sus condiciones laborales.

Formarse para comprender los riesgos y combatir sus causas

La prevención de riesgos laborales no puede limitarse a evitar accidentes visibles ni a entregar equipos de protección individual. La realidad laboral es mucho más compleja y exige una mirada amplia sobre las condiciones en las que se trabaja.

Existen riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y mecánicos, pero también riesgos psicosociales que pueden afectar profundamente a la salud mental y física: sobrecargas de trabajo, falta de personal, ritmos excesivos, turnos prolongados, escasa autonomía, conflictos, acoso, violencia laboral o deficiencias organizativas.

En muchos centros de trabajo, estas situaciones terminan normalizándose. Se asume que trabajar bajo presión permanente forma parte del puesto, que las plantillas insuficientes son inevitables o que el deterioro de la salud es el precio que hay que pagar por conservar el empleo.

Desde una perspectiva sindical, debemos combatir esa normalización. La formación permite identificar que muchos daños no son inevitables, sino consecuencia de condiciones de trabajo que pueden y deben modificarse.

Un delegado o delegada de prevención con conocimientos adecuados puede reclamar evaluaciones específicas, analizar sus resultados, exigir la planificación de medidas correctoras y hacer seguimiento de su cumplimiento. Puede, asimismo, contribuir a que los problemas individuales se entiendan como posibles manifestaciones de deficiencias colectivas en la organización del trabajo.

La formación nos ayuda a pasar de la queja a la argumentación, de la reacción ante el daño a la anticipación del riesgo y de la actuación aislada a la intervención sindical organizada.

La formación como instrumento de autonomía sindical

La salud laboral no es una cuestión exclusivamente técnica. También es una cuestión laboral, social y sindical, porque las condiciones en las que se trabaja están directamente relacionadas con la organización de la producción, la distribución de las cargas de trabajo, los recursos disponibles y las decisiones que se adoptan en las empresas y administraciones públicas.

Por eso, desde Intersindical Canaria defendemos una prevención vinculada a la realidad de la clase trabajadora y a la defensa de sus derechos. Una prevención que no se limite a gestionar las consecuencias de los riesgos, sino que permita analizar y cuestionar las condiciones que los generan.

La formación fortalece la autonomía de nuestros representantes frente a los discursos que presentan las deficiencias preventivas como inevitables o que responsabilizan exclusivamente a las personas trabajadoras de los accidentes y las enfermedades profesionales.

También permite intervenir con mayor preparación en las reuniones con la empresa, en los comités de seguridad y salud, en los procesos de negociación colectiva y ante los organismos competentes cuando sea necesario denunciar incumplimientos.

Un representante formado puede exigir información, argumentar sus propuestas, fundamentar sus discrepancias y reclamar medidas concretas. Y cuando cuenta con el respaldo de una organización sindical capaz de ofrecer asesoramiento técnico y jurídico, esa capacidad de intervención se multiplica.

No es casual que Intersindical Canaria constituyera su Gabinete Técnico de Salud Laboral en 2021 con objetivos como apoyar a los delegados y delegadas, impulsar actuaciones preventivas, denunciar incumplimientos y desarrollar acciones formativas específicas. Este tipo de estructura responde a una necesidad real: que la representación sindical no tenga que afrontar en solitario problemas que requieren conocimientos especializados y una estrategia colectiva.

La formación, por tanto, no debe entenderse como una actividad puntual, sino como parte de una política sindical sostenida de capacitación, asesoramiento, intercambio de experiencias y defensa de la salud laboral.

No hay prevención real sin participación efectiva

En demasiadas ocasiones, la prevención se aborda desde una perspectiva documental: se elaboran evaluaciones, se redactan planes, se firman actas y se archivan informes. Pero la existencia de documentos no garantiza, por sí misma, que los riesgos estén controlados ni que se hayan aplicado las medidas necesarias.

La prevención debe comprobarse en la realidad cotidiana de los centros de trabajo. Debe observarse en la adecuación de los puestos, en la disponibilidad de medios, en la organización de las tareas, en la protección de las personas especialmente sensibles a determinados riesgos y en la aplicación efectiva de las medidas correctoras.

Para ello, la participación de los trabajadores y sus representantes resulta imprescindible. Y esa participación solo será verdaderamente eficaz si se dispone de tiempo, formación, información y apoyo técnico suficientes.

Desde nuestra perspectiva sindical, no podemos aceptar que se convoque a los delegados y delegadas de prevención para cumplir un requisito formal mientras se limita su capacidad para comprender la documentación, realizar propuestas o comprobar si las medidas acordadas se ejecutan.

Tampoco podemos aceptar que las dificultades organizativas, la falta de recursos o las necesidades de producción se utilicen como justificación para posponer indefinidamente la formación o la aplicación de medidas preventivas.

La salud laboral debe formar parte de las prioridades de la empresa y de la Administración, no quedar subordinada a ellas de manera sistemática.