LITERATURA

A finales de junio del año pasado escribía en Sin Permiso que la dinámica de éxito movilizador contra la turistificación en Mallorca no pararía. Al afirmarlo no me basaba en una bola de cristal u otras formas esotéricas de prever el futuro. Había -y sigue habiendo- razones objetivas para hacer este pronóstico. El régimen de turistificación (algo sustancialmente diferente a la mera “saturación turística” como también expliqué en el citado artículo del verano pasado), solamente tiene una posible solución: la tríada de decrecimiento, diversificación económica, y establecimiento de límites a la población rica y muy rica. Decrecimiento planificado en una transición para que sea justo, diversificación con criterios ecosociales, y límites al poder y en su forma de vivir a las personas ricas y las ricas.

Mientras tanto, la mayoría de los y las residentes de Mallorca seguiremos padeciendo la infernal dinámica de la turistificación que, necesariamente, genera profundos, amplios, y estructurales malestares sociales.  Esto explica que el pasado domingo, 26 de julio, en torno a 70.000 personas saliéramos a la calle para denunciar que Mallorca está al límite, y reivindicar Menos turismo y Más vida.

La dinámica infernal de la turistificación

Veamos unos pocos datos, apenas media docena, que ilustran el grado de turistificación: 1. Mallorca forma parte de la segunda comunidad autónoma española (les Illes Balears) en el ranking de riqueza media por hogar, con 477.000 euros en 2022, casi un 25% por encima de la media estatal. Y, a la vez, es una de las más desiguales regiones del Reino de España, con un índice de Gini patrimonial del 74,8, solo superado por las Islas Canarias. 2. Si en 2025 llegaron a las Islas Baleares algo más de 19 millones de turistas, este 2026 la cifra final podría acercarse a los 21 millones. Entre los segmentos de más crecimiento se encuentra el del lujo, y Mallorca ya soporta una presión turística de unos 20 turistas por cada habitante. 3. Baleares tiene más del triple de viviendas turísticas y de propietarios no residentes que la media del conjunto del territorio español, y, al mismo tiempo, el Banco de España no deja de señalar que Baleares es la comunidad autónoma española con más dificultades para acceder a la vivienda de toda España, al tiempo que las casas de lujo -las “luxury villas”- no dejan de ser noticia por alquileres de 20.000 euros la semana. 4. Mallorca supera ya el millar de inmobiliarias y cuenta con unos 5.500 agentes inmobiliarios registrados, es decir, hay más agentes inmobiliarios que profesionales que todavía se dedican a la agricultura y la ganadería. 5. Un reciente estudio de The New Economics Foundation y Transport & Environment, pone de manifiesto que el crecimiento descontrolado del turismo, impulsado por el aumento del tráfico aéreo, impacta en un fuerte incremento del precio de la vivienda, la precarización de los empleos del sector turístico, y la reducción de la inversión en sectores más productivos e innovadores. La comunidad autónoma de las Illes Balears -junto a la de Canarias y Catalunya- se encuentra entre las regiones más expuestas al exceso de turismo de este tipo. El citado estudio estima que el sector de la aviación es responsable del 52 % de las emisiones directas de la industria turística mundial, y de gran parte del aumento de las emisiones de dicho sector. En Europa, se prevé que las emisiones derivadas de las llegadas de turistas internacionales por vía aérea aumenten más del 60 % entre 2016 y 2030. Mientras tanto, el Aeropuerto de Palma (Mallorca) cerró 2025 con un total de 33,8 millones de pasajeros, y, lejos de decrecer, prevé rozar los 36 millones de pasajeros en 2031. 6. Los hoteles de Palma pagan hasta nueve veces menos por el agua que consumen con una tarifa a medida que lo que pagamos los residentes, una discriminación a favor de la industria hotelera calculada en millones de euros.

En cualquier caso, con estos datos, y toda la batería de indicadores macroeconómicos, de condiciones de vida, y de precariedades laborales y vitales disponibles, no es arriesgado afirmar que Mallorca se consolida como una isla con un modelo social propio de una “zona de sacrificio”, es decir, un modelo de sociedad de territorio habitado que sufre permanentes impactos socioambientales negativos para los residentes a consecuencia de una actividad industrial -en este caso el monocultivo turístico- altamente contaminante y precarizadora, que originalmente funcionó como una promesa de mejora de las condiciones económicas y de desarrollo de la comunidad local.

Y, como es sabido, en las “zonas de sacrificio” históricamente se han generado fuertes movimientos de protesta contra el capitalismo extractivista sin piedad y a favor de la vida digna por parte de las poblaciones locales. Este es el contexto en el que hay que interpretar la histórica manifestación -una de las más masivas de la historia insular- del 26 de julio de 2026.

Antecedentes de la gran manifestación. 

La manifestación de este verano ha sido la más masiva de las que se han realizado desde 2023, año en el que se inició el actual ciclo de movilizaciones con la Contracumbre Social del Turismo: "Menos turismo, más vida". Tres han sido, en mi opinión, las claves del éxito:

a) La acumulación y agudización de los malestares: las dificultades para poder ejercer el derecho a una vivienda digna se agravan, intensifican, y afectan a más gente. No en balde, en estos últimos meses se ha consolidado en Mallorca el movimiento de sindicación de inquilinas con la constitución formal del Sindicat de Llogateres de Mallorca. En paralelo, crece la pobreza laboral, que ya afecta a sectores sociales otrora autoconsiderados clase media. Por otra parte, una buena parte de la sociedad mallorquina ha percibido que, tras la retórica del gobierno regional y la patronal de la “contención”, del “crecer en valor y no en volumen”, y de la “gestión de flujos turísticos”, realmente se esconde la consolidación del régimen de turistificación. Con cada negativa de las elites políticas y empresariales a conjugar y practicar el verbo decrecer aumenta el enfado social.

b) El gobierno regional de PP-Vox ha aprobado recientemente una legislación que facilita, entre otras cosas, la desprotección de espacios naturales, y el desaforado y especulativo crecimiento urbanístico. Esto ya provocó, el pasado 5 de julio, una importante movilización social, con la participación de diez mil personas, centrada en la exigencia de mantener el statu quo de protección de todos los espacios naturales de la isla, simbolizada en el no retroceder en la protección de la emblemática playa virgen de Es Trenc.

c) El tercer factor de éxito movilizador ha sido, sin duda, el intento de criminalización del movimiento antituristificación que, como molesta mucho a las elites, han intentado disciplinar.

Ha habido en el pasado otros intentos de criminalizar la disidencia en relación con la turistificación, pero el de este año ha sido el más potente y concienzudamente articulado. Veamos: a principios de junio la plataforma Menys Turisme, Més Vida (Menos Turismo, Más Vida) publicó en las “redes sociales” lo que denominó “Manual de acción contra la turistificación” que consistía en unas pocas recomendaciones para hacer pintadas en las fachadas de las inmobiliarias, inutilizar con silicona entradas de pisos turísticos de Airbnb, empapelar con el cartel de convocatoria de la manifestación negocios ligados a la turistificación, esquivar ser gravados por las cámaras de vigilancia, y poco más. Independientemente de la conveniencia de su publicación (en mi época de sindicalista estas cosas no se publicaban, pero, por ejemplo, en las huelgas en el sector bancario, la noche o madrugada anterior al inicio de la huelga, la silicona corría como la pólvora; cuando en hostelería las huelgas se hacían -y no solo se anunciaban para ser desconvocadas- siempre había algunos cristales rotos y los piquetes informativos siempre fueron acusados por las patronales y la policía de violentos; no recuerdo ninguna huelga general sin las clásicas -y casi añoradas- pintadas, o los recurrentes cortes de calles y avenidas), los malestares y los movimientos reivindicativos han sido siempre sinónimos de conflicto, de enfrentamiento de intereses, de cierta acción directa y desobediencia a las normas establecidas. El caso es que se montó una descomunal ceremonia deslegitimadora de la plataforma convocante de la manifestación: la Policía Nacional abrió una investigación, el consejero autonómico de turismo habló de “manual de instrucciones de la kale borroka turística”, el máximo dirigente de UGT en las Islas Baleares lo llegó a calificar de “terrorismo de baja intensidad”, la firma jurídica internacional MD Law Group presentó una denuncia penal...

Advirtamos entre paréntesis que en las recomendaciones del citado manual se enfatizaba que las acciones debían ser pacíficas. En este sentido, me parece oportuno recordar el libro de Howard Zinn titulado "Desobediencia y democracia. Nueve falacias sobre la ley y el orden". La cuarta de estas falacias que Zinn deshace es la que plantea que la desobediencia civil tiene que ser perfectamente no-violenta, afirmando que en "la tensión inevitable que acompaña la transición de un mundo violento a un mundo no-violento, la elección de los medios casi nunca será pura, y que incluirá tantas complejidades que la distinción entre violencia y no-violencia no será una guía suficiente". Zinn nos plantea la discusión sobre la noción misma de violencia, advirtiéndonos de que cualquier planteamiento riguroso del tema obliga a una comprensión adecuada de la gradación de acciones violentas, empezando, obviamente, por la distinción entre violencia contra las cosas o contra las personas. En el caso que nos ocupa no tiene comparación la supuesta violencia ejercida sobre la fachada de una inmobiliaria con las violencias que ejercen sobre las personas los efectos de la turistificación o las provocadas por las condiciones laborales hegemónicas. 

Cerrado el paréntesis, expliquemos brevemente el segundo gran episodio de este intento de criminalización: el pasado 15 de julio, la Guardia Civil detiene en la localidad mallorquina de Santa María a dos jóvenes activistas, supuestamente por haber hecho, a finales de mayo, unas pintadas en las fachadas de cinco inmobiliarias del pueblo. En lugar de ser citadas judicialmente, son detenidas con un considerable despliegue policial, y exhibidas esposadas en su entrada en el juzgado. Son acusadas en el atestado de la Guardia Civil (cuyo jefe, dicho sea de paso, fue investigado en un caso de torturas en el País Vasco) de delitos de daños intencionados, daños contra el patrimonio, y, atención, pertenencia a organización criminal. La Policía Nacional y la Guardia Civil advierten literalmente a la población de que “los que cometan delitos contra intereses turísticos en Mallorca serán detenidos”. Independientemente del proceso judicial de las detenidas puestas en libertad con cargos, resulta obvia la campaña de criminalización contra la disidencia y desobediencia convocada a manifestarse el 26 de julio.

Del intento de criminalización al “A por ellos”

El intento de criminalización fracasa rotundamente: la detención y las acusaciones a las activistas provocan una ola de solidaridad e indignación poco vista en Mallorca. Crece la marea movilizadora. Así se llega al domingo 26 de julio, y el centro de Palma se llena de manifestantes.

El operativo policial es, desde el principio, desproporcionado e intimidatorio. Pero, en torno a setenta mil personas nos manifestamos pacíficamente -no hay en el largo recorrido absolutamente ningún incidente, ni un papel en el suelo, civismo total-. Es una movilización alegre, popular, con presencia de familias al completo, intergeneracional, desbordante, emocionante y combativa. A mi alrededor, un grupito de manifestantes veteranos susurra Le temps des cerises, la canción de Jean-Baptiste Clement que se cantaba en las calles de París durante la primera revuelta proletaria (Marx dixit), y otros grupos de jóvenes gritan consignas como por ejemplo “Quien siembra miseria recoge la rabia”, y otras relacionadas con el derecho a una vivienda digna y contra la precariedad laboral y vital, una pareja levanta un cartel en el que se puede leer en catalán “El capital es el criminal”. Supongo que hubo tantos ambientes como manifestantes, en cualquier caso, fue una manifestación de una grandísima pluralidad con una finalidad común: denunciar que Mallorca está al límite.

Al final de la manifestación vino el “A por ellos”. Es cierto que la gran asistencia de manifestantes desbordó las previsiones de las personas organizadoras, pero la policía, en lugar de ayudar a canalizar la marea humana, se dedicó a provocar desde el minuto cero hasta que la manifestación se acercaba al punto final donde debía leerse el manifiesto. Las brutales cargas policiales no tienen justificación. La veintena de personas heridas de diversa gravedad a porrazos y con balas de goma por la policía tiene que tener consecuencias políticas, y, probablemente, judiciales. Tiene que haber dimisiones, ceses, condenas y acciones legislativas, entre ellas una de urgencia: ¡Derogación ya de la Ley Mordaza! Pero, puesto que uno de los efectos del régimen de turistificación es la desdemocratización, convienen no tener grandes expectativas en ello y persistir en la movilización, exigiendo responsabilidades y más y mejor democracia.

El significado profundo del éxito de la movilización

En el manifiesto que se leyó al final de la manifestación se afirma: “El decrecimiento turístico es ya una condición ineludible para garantizar unos servicios públicos dignos y ajustados a las necesidades de la población, la pervivencia de la cultura y la lengua propias, vivienda para vivir y no para especular, menos desahucios, menos racismo, mejores condiciones laborales, la indispensable y urgente protección del territorio, la tierra fértil, los recursos naturales y la biodiversidad, espacio público para vivir y no para hacer negocio, más soberanía en las decisiones que afectan nuestro futuro marcado por la crisis climática y ecológica global, más descanso, más salud, y más justicia social. En definitiva, estamos convencidas de que menos turismo es más vida”. Que este mensaje haya calado en amplios sectores de la sociedad es el trascendente éxito de la gran manifestación y de la persistencia en la lucha por la desturistificación.

Quien no entienda que el masivo malestar no se soluciona a base de persecución y porrazos policiales, o sufra un “despiste partidista” que le haga pensar que estamos en presencia de una movilización exclusivamente en contra de unas políticas concretas de PP-Vox no habrá entendido nada. El movimiento Menys Turisme, Més Vida (Menos Turismo, Más Vida) es positivamente antisistémico.